Izquierda Unida-Verdes ha llevado al Congreso de los Diputados y a la Asamblea Regional el impedimento de acceso a la zona de Dominio Público Marítimo Terrestre de la playa de Cala Morena que está llevando a cabo la dirección del Camping El Portús al pretender cobrar dos euros a cada persona que quiere ir a disfrutar del baño en una zona que es de acceso público y libre, siendo el único paso practicable a través de las instalaciones del referido camping.
Ayer, 15 de junio, y con asistencia de miembros de Izquierda Unida-Verdes, el personal del camping, incomprensiblemente auxiliado por efectivos de la Guardia Civil, volvió a impedir el paso a un grupo de personas que tan sólo querían entrar a la playa y entre las que se encontraban algunas con movilidad reducida por minusvalía y niños. De nuevo, el director del camping alegó queexiste un acceso a través del monte, pero este no sólo es peligroso, sino que es impracticable para niños, mujeres embarazadas, personas con movilidad reducida o discapacidad, personas mayores, etc.... De hecho, la Secretaría de Estado de Cambio Climático, en una evaluación de impacto ambiental sobre un Proyecto de Actuación y Recuperación del Dominio Público Marítimo Terrestre en las Playas del Portús y La Losa en el Término Municpal de Cartagena, publicado en el BOE del 30 de noviembre de 2011 -y que no ha sido realizado-, reconoce que tal acceso por el monte es "un sendero que se encuentra en estado de ruina y cuyo acceso es complicado y peligroso, especialmente en su primer tramo".
Avalado por estudios e informes de entidades y asociaciones como Ecologistas en Acción, que denuncian posibles construcciones ilegales, la peligrosidad de la instalación de un camping en la zona inundable de la desembocadura de una rambla (las últimas inundaciones, en la primera década del presente siglo, arrastraron varias caravanas al mar e, incluso, en 2009 un camión tipo trailer de varias toneladas de peso, sin olvidar las lluvias torrenciales propias de nuestra zona debidas al fenómeno de la 'Gota Fría' y sucesos luctuosos ocurridos en Biescas en 1996 y el más cercano en Bolnuevo en 1989) y el impedimento de acceso a la zona de Dominio Público Marítimo Terrestre y su invasión con total impunidad, hechos permitidos por la Demarcación de Costas y el Ayuntamiento de Cartagena, Izquierda Unida-Verdes ha transmitido a sus grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y la Asamblea Regional para que las presentes a los gobiernos de la Nación y de la Comunidad Autónoma preguntas relativas a si el Ministerio de Medio Ambiente tiene conocimiento de la existencia de un camping con construcciones en una zona de rambla inundable y en el que no se respeta el acceso a la zona de dominio público, si existe autorización o concesión administrativa para el desarrollo urbanístico y ocupación de dicho espacio público, bajo qué respeto a la legalidad vigente se desenvuelven las actuaciones de la Guardia Civil colaborando con quienes explotan el camping para impedir el paso de la ciudadanía a la playa, si existen informes relativos a la legalidad de la concesión concedida al camping referida a la preservación del dominio público y sus características geomorfológicas y si existe la posibilidad de anular la concesión por incumplimiento de las condiciones en su día establecidas como son las obras civiles y la edificabilidad en la zona.