Ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación relativas a la publicación el pasado día 5 de junio de 2014 en el BORM de la resolución de la Junta de Gobierno Local, de 14 de marzo de 2014, por la que se declara desierta la convocatoria a los puestos de de trabajo de Secretario General del Pleno, Interventor y Director de la Oficina de Gobierno Municipal reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional MOVIMIENTO CIUDADANO DE CARTAGENA efectúa las siguientes consideraciones:
Que en relación al puesto de Interventor se declara desierta la convocatoria por no idoneidad del único aspirante.
Que esta falta de idoneidad la justifica la concejal delegada de Hacienda y Personal, Dª. FÁTIMA SUANZES en diversos informes cuya procedencia no aclara, y resalta para justificar su decisión (en informe-propuesta de 10 de marzo de 2014), un supuesto informe del Ministerio Fiscal en el que se corresponsabiliza del caos financiero del Ayuntamiento de Castro Urdiales al aspirante al puesto.
Pues bien, según ha podido saber este Grupo Municipal el candidato al puesto de Interventor al que se ha considerado no idóneo por argumentos tan peregrinos, no sólo no ha resultado imputado por estas cuestiones, sino que es el principal testigo de cargo y denunciante de las ilícitas actuaciones llevadas a cabo en Castro Urdiales, que aparecen reflejadas en la memoria de la Fiscalía de Cantabria del año 2013 como una trama generalizada de corrupción desde el año 2000, y por la que ya han resultado condenados varios políticos.
Esta situación lleva a plantear dos cuestiones, la primera si las razones para desechar la candidatura, en una actuación administrativa cuyo encaje en el delito de prevaricación está estudiando este Grupo Municipal para formular la oportuna querella, se debe al miedo que provoca en el Gobierno Municipal que acceda al cargo alguien que cumple todos los requisitos y que ha destacado por denunciar los desmanes de éstos. A la cual la respuesta es obvia, habida cuenta ya se denunció la arbitrariedad de las bases por este Grupo Municipal y el Gobierno Municipal desestimó nuestro recurso, para finalmente actuar del modo más arbitrario, puesto que incluso en su resolución reconocen que el candidato cumple con los requisitos formales establecidos.
La segunda, de más calado por las personas implicadas, es recordar a la Sra. Barreiro y a su Junta de Gobierno que precisamente ella está señalada por dos informes del Ministerio Fiscal, que no hablan de caos, sino de delitos, en concreto el decreto de la Fiscalía de Murcia, de 30 de diciembre de 2013, que con ocasión del asunto “PUERTA NUEVA” establece:
“podría existir indicios de un delito de prevaricación administrativa cometido por todo el Consejo de Administración de la empresa municipal Casco Antiguo, al haber adjudicado un contrato prescindiendo de la puntuación ofrecida por la mesa de contratación, amparándolo en una discutible mejora de oferta, pero tal delito habría prescrito”.
Y más recientemente en informe de 6 de junio de 2014, emitido a requerimiento del Magistrado del TSJ que investiga la causa “NOVO CARTHAGO”, y que ya en Auto de 24 de abril de 2014 señala que hay indicios racionales de criminalidad respecto de la Alcaldesa, respecto de un delito de prevaricación continuada, el Ministerio Público, según ha tenido noticias este Grupo Municipal, refleja la necesaria connivencia entre el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma en la tramitación, aceptando y consintiendo las ilegalidades habidas.
Esta situación nos lleva a denunciar públicamente el doble rasero que utiliza el Gobierno Municipal y la Sra. Barreiro en particular, y queremos que se conozca en la opinión pública.
Asimismo plantearemos en el Pleno las preguntas correspondientes, y en particular pediremos explicaciones a la Sra. Alcaldesa de el porqué no es idóneo un funcionario que denuncia la corrupción política y si lo es ella y los suyos, cuando de ella si consideran el TSJ y el Ministerio Fiscal que existen indicios de criminalidad en su actuación en, al menos, dos delitos de prevaricación.
Y para terminar, dejamos otra cuestión, ¿conoce la Alcaldesa y su Junta de Gobierno los informes del Ministerio Fiscal en el procedimiento que se sigue contra la Sra. que ostenta el cargo de Secretaria General Accidental del Ayuntamiento de Cartagena en virtud de querella presentada por el Concejal D. José López Martínez?
Esperamos que, aunque ha quedado acreditado que los argumentos para dejar desierto el puesto de Interventor son arbitrarios, y quizás espurios, la Sra. Alcaldesa se aplique a sí misma y a su Gobierno la misma doctrina, y proceda a declarar su no idoneidad para los cargos que ostenta, que los demás ya tenemos clara desde hace años.