En las últimas semanas hemos conocido al menos 2 casos de pacientes del Hospital de Santa Lucía que denuncian presuntas negligencias médicas. En estos casos los pacientes que se sienten afectados se encuentran con un entramado de obstáculos para poder conocer las causas de cada uno de sus casos.
Tratar de saber cuántas muertes se producen en España por errores médicos o deficiencias en la atención sanitaria es misión imposible. Mientras en el Reino Unido se han llevado a cabo cinco investigaciones para esclarecer este escándalo de las muertes por negligencias médicas en la última década en Gran Bretaña, y en Estados Unidos se ha creado el Committee on Quality of Healthcare in America (según el cual cada año se producen en este país entre 48.000 y 98.000 fallecimientos por negligencias), en España no hay un registro o un recuento de estos sucesos.
En España, la única aproximación que tenemos a estos datos es la memoria que cada año realiza ADEPA (Asociación de Defensa del Paciente). Según la última de ellas, en 2012 fallecieron 692 personas por presunta negligencia médica; 89 más que en 2011. De acuerdo con sus datos: Los casos más habituales se han producido por mala praxis: intervenciones mal realizadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias, retrasos en ambulancias... Pero la principal razón se debe al error de diagnóstico y a la pérdida de oportunidad terapéutica como consecuencia de la falta de medios por los recortes sanitarios
Aunque según esta misma asociación, el número es mucho mayor, e incluso hay estudios que aseguran que se producen más fallecidos por negligencias médicas que por accidentes de tráfico en España. Además según ADEPA sólo el 40 % de las reclamaciones que les llegan, terminan en los tribunales. Esta baja incidencia se debe fundamentalmente bien a la escasez de medios económicos, agravada por la subida de tasas judiciales, bien porque faltan muchos datos referentes a la historia clínica, debido a la falta de transparencia del propio sistema.
Desde SPCT consideramos que dar una respuesta ágil, transparente y justa por parte del Sistema Murciano de Salud a los casos que inevitablemente, debido al gran volumen de pacientes que se atienden, se producen ayudaría a mejorar la calidad del servicio.
Nuestro sistema público de salud, a pesar de los ataques que está sufriendo por el Gobierno del PP, cuenta con un excelente equipo humano formado por el personal sanitario, de administración y servicios, que trabaja a diario con gran profesionalidad para dar el mejor de los servicios a los pacientes, a pesar de las dificultades y los recortes.
Pero como en todos los sectores laborales, sin duda a veces se producen errores, que en este caso por su trascendencia producen cierta alarma social. Por eso pensamos que el Sistema Público debe ser un aliado del paciente y del profesional para ofrecer un servicio que pueda defender de manera justa a ambas partes, ante un presunto caso de negligencia.
Así desde nuestra formación política proponemos la puesta en marcha de un Servicio de Atención a Pacientes afectados por Negligencias Médicas dentro del sistema, que atienda de manera eficaz las negligencias médicas que se producen en cualquier centro sanitario público o privado. Este servicio estaría obligado a informar y facilitar toda la documentación clínica que solicite el paciente cuando se presenta una reclamación, informes imprescindibles para que un paciente afectado pueda conocer de manera fehaciente la realidad de su caso, y sin los cuales es difícil que pueda tener éxito una reclamación judicial.
En esa misma línea creemos muy necesario que el paciente ingresado conozca desde su entrada al centro hospitalario sus derechos, los cauces de solicitud de información, así como las normas de funcionamiento del propio centro, tanto a derechos como a deberes, así creemos necesario la edición de una Guía de Atención al Paciente que facilite la información del mismo y que a la vez proteja a los profesionales de comportamientos irresponsables de los usuarios.
Por último pensamos que este servicio, además de un elemento más de calidad asistencial, puede suponer una herramienta útil para ahorrar costes a la sanidad pública puesto que los errores caso de probarse y ser objeto de condena suelen ser caros para las arcas públicas.