La Comisión de Hacienda e Interior, reunida esta mañana, bajo la presidencia de la concejal del área, Esperanza Nieto, ha dictaminado favorablemente el proyecto de ordenanza municipal para la protección y tenencia de los animales de compañía en el término municipal de Cartagena.
El dictamen, dirigido a la aprobación inicial de la normativa por el pleno para su exposición al público, ha contado con los votos a favor del Gobierno municipal, y las abstenciones de Mc Cartagena, Unidas Podemos Izquierda Unida Equo y del concejal no adscrito, Gonzalo Abad.
El proyecto de ordenanza fue aprobado recientemente por la Junta de Gobierno local y ha sido elaborado por los servicios técnicos municipales, tras someterse a una doble consulta pública para reforzar el proceso de participación de la ciudadanía, según el teniente de alcalde y concejal de Sanidad, Manuel Padín.
La nueva ordenanza pone el foco en el maltrato animal, incluyendo diferentes puntos para proteger a las mascotas en el texto normativo. Entre ellos, destaca la introducción de la figura del maltrato psicológico a animales, además de prohibir el uso de collares eléctricos, que provoquen asfixia o que tengas puntas. Se prohíbe también taxativamente mantener atados a animales a vehículos en marcha, considerando la misma como infracción muy grave.
Además, el proyecto incluye nuevas medidas de protección de las colonias felinas y de las personas físicas o entidades de protección animal que se encarguen de la gestión de las colonias ferales.
El texto también agiliza el protocolo así como el expediente de registro de animales que ingresen en el Centro Zoosanitario Municipal, que pasará a llamarse Centro Municipal de Protección animal, estableciendo la obligación del Ayuntamiento de abrir expediente en el momento de su ingreso.
El Ayuntamiento también será el encargado de mantener las zonas de esparcimiento canino, reponer bolsas y el vaciado de papeleras. Además, la nueva Ordenanza contempla también la modificación de las normas de uso de los espacios y zonas de recreo.
Además se plantea como mejora la introducción de un nuevo artículo referente al control poblacional de aves urbanas por parte del Ayuntamiento.
Por último la norma incluye sanciones para evitar la suciedad en la vía pública y dar alimento a los animales en la calle, elevando las multas para los propietarios de mascotas que defequen u orinen en la vía pública, que van desde los 100 hasta los 1.500 euros.
PLAN ANTIFRAUDE
La Comisión también ha dictaminado favorablemente, con los votos de los concejales del Gobierno y de Mc Cartagena, y las abstenciones de Unidas Podemos, Izquierda Unida Equo y del concejal no adscrito, Gonzalo Abad, la propuesta de la concejal de Hacienda, Nuevas Tecnologías e Interior, Esperanza Nieto, para la aprobación del plan de medidas antifraude encaminadas a la correcta gestión de los fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia por parte del Ayuntamiento de Cartagena.
La iniciativa del Gobierno municipal, denominada Sistema de Integridad y Medidas Antifraude (SIMA), supone un fortalecimiento de las políticas de gobierno abierto desarrolladas por el Ayuntamiento y el reflejo de su compromiso ético, político e institucional en la lucha contra las malas prácticas y los comportamientos indecorosos en el desempeño de la gestión municipal, y la consecución de la eficiencia y la eficacia.
El plan incluye una declaración Institucional antifraude, que deberá aprobar el Pleno del Ayuntamiento y con la que la corporación municipal mostrará su total convicción y compromiso con la lucha contra el fraude y la corrupción, actuando como una administración abierta, transparente, próxima al ciudadano, accesible, íntegra y comprometida con la mejora continua de los servicios y las políticas públicas.
Igualmente el plan establece una serie de medidas para garantizar que los fondos públicos se utilizan de conformidad con las normas aplicables y, en particular, que existe una adecuada prevención, detección y corrección del fraude, de la corrupción y de los conflictos de intereses.
Para ello se establecen una serie de códigos de conducta que afectan a políticos y empleados públicos entre los que se encuentran la plena dedicación y con profesionalidad al servicio público, cumpliendo fielmente el régimen de incompatibilidades que les es aplicable; actuar con imparcialidad y con la diligencia debida y realizar una gestión eficiente y austera de los recursos públicos que tengan asignados, no utilizando los mismos en beneficio propio o de su entorno familiar y social, así como cuidar y conservar los recursos y bienes públicos asignados a su puesto.
Igualmente hacer un uso adecuado, motivado, justificado y austero de los gastos de representación y atenciones protocolarias que tengan asignados por razón de su cargo; rechazar cualquier regalo, favor o servicio que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía; al igual que ser accesibles a los ciudadanos, respondiendo a sus peticiones, escritos y reclamaciones que formulen.
Para su control el plan crea la denominada Comisión Antifraude dirigida a la prevención, detección, corrección y persecución de conductas fraudulentas; un órgano técnico e independiente, cuya actuación responderá a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad.
La Comisión Antifraude efectuará tanto actuaciones planificadas como otras motivadas por circunstancias sobrevenidas, de oficio o por denuncia de actuaciones fraudulentas.
La composición de la Comisión Antifraude será aprobada por la Junta de Gobierno Local y esta podrá contar con la asistencia técnica que se considere oportuna para el desempeño de sus labores.
Su funcionamiento vendrá regulado por un reglamento aprobado igualmente por la Junta de Gobierno Local.
Por último el plan incorpora sistemas de evaluación y adaptación permanente y de formación y comunicación para instruir y hacer partícipes a todas las personas que forman parte del Ayuntamiento y sus entes de las medidas adoptadas y las normas éticas que rigen el funcionamiento de la institución. También se dispondrá de una sección específica en la web municipal y de transparencia.
BALANCE DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2021
En la comisión también se ha dado cuenta del Informe de ejecución trimestral del presupuesto, estabilidad presupuestaria y morosidad relativo al cuarto trimestre de 2021.
El informe presenta un superávit inicial de unos 8 millones de euros, a la espera de los datos definitivos de la liquidación del presupuesto y que previsiblemente rebajará considerablemente esta cifra del superávit al contabilizar gastos que se han incorporado en los primeros días del mes de enero, por no haberse podido tramitar antes del 31 de diciembre.
También se señala que a nivel consolidado la deuda viva de carácter financiero de la entidad asciende a 33,9 millones de euros y el de la deuda comercial con convenios de pago aplazado a 26,3 millones, destacando que el conjunto de ambas está por debajo del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados.
Por último, el periodo medio de pago mensual a proveedores, oscila entre los 11,52 días del mes de octubre y los 4,79 del mes de diciembre.
