En el día de ayer se nos notificó el Auto 31/2022 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 1 de Cartagena que resuelve la inadmisión del recurso Contencioso Administrativo interpuesto por este Grupo municipal y su portavoz contra las resoluciones en que Noelia Arroyo y el PP, con la colaboración de C's, otorgan sueldos y cargos a los tránsfugas del PSOE en contra de las normas y de la doctrina del Tribunal Supremo.
Nuestro Grupo municipal considera que las leyes y la Sentencia n° 1401/2020, de la Sala de lo Contencioso, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo son claras y que, por tanto, no es posible aceptar la resolución.
La inadmisión atenta contra los arts. 24 y 106 de la Constitución Española (CE) por cuanto consagran el derecho a la tutela judicial efectiva y el control de legalidad de los actos administrativos, vía que cierra de manera sorprendente esta resolución.
Cabe recordar que la CE consagra igualmente en su art. 23 el derecho de participación en los asuntos públicos en condiciones de igualdad, estando regulada la labor de fiscalización y control que corresponde a los concejales como cargos electos en normas como la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local así como el Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales.
Todo este ordenamiento jurídico queda desmontado con una resolución que niega a los ediles de la oposición la posibilidad de acudir a los tribunales ante las ilegalidades flagrantes y contrarias a la doctrina del Tribunal Supremo como es la concesión por parte de Noelia Arroyo de cargos y generosos sueldos a concejales tránsfugas para conseguir su investidura.
Será en este caso el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia el que tendrá que restaurar la legalidad y acordar la admisión de nuestra demanda.
No queremos terminar sin dejar de manifestar que nuestro Grupo municipal, a pesar de los convulsos tiempos que se viven en torno a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, sigue creyendo y, sobre todo, defendiendo la separación de poderes y agotaremos las vías para que Cartagena no se consagre como la cuna del transfuguismo inimpugnable.
