SPCT se pregunta si el contencioso administrativo interpuesto por la adjudicataria del Batel obedece a una diferencia real o a una función teatral en vísperas de elecciones. Este caso se parece mucho a la forma de actuar del Ayuntamiento con el caso Puerta Nueva. Cuando se descubre que hay un agujero de la empresa hacia el Ayuntamiento pactamos una demanda civil, la alcaldesa queda bien ante la opinión pública y el adjudicatario nada tiene que temer porque la empresa está descapitalizada y es imposible cobrarle.
En este caso cuando el Tribunal de Cuentas descubre que la gestión económica del último ejercicio de esta concesión municipal es cuánto menos "imperfecta", escenificamos un desencuentro por el importe de un semestre, a 3 meses de unas elecciones de resultado incierto, no damos explicaciones de los 4.000.0000 de euros que ya ha cobrado la adjudicataria (y que no sabemos si están debidamente justificados) y la Alcaldesa que anda teniendo problemas últimamente por "sus amistades peligrosas" vuelve a decirle a los cartageneros que ella es capaz de enfrentarse por defender a Cartagena incluso con sus más estrechos colaboradores, como es el caso.
Pero esta escenificación, no llega ni a la categoría de sainete, puesto que detrás de esta historia lo único que se pone de manifiesto es que la gestión del auditorio es muy cara para las arcas municipales, que la forma de adjudicación se presta a falta de transparencia en el control del gasto y que aunque fueron advertidos en su día, de que el contrato generaría problemas a las arcas municipales, decidieron adjudicar la concesión a la empresa con la que ahora entran en conflicto, curiosamente sólo se presento esa mercantil al concurso de gestión más alto del Ayuntamiento, lo cual resultó en su día cuánto menos curioso.
Aunque parezca inverosímil nos hubiera gustado equivocarnos cuando el 10 de Enero de 2.011 pronosticábamos en el pleno donde se abordo la privatización de la gestión del Auditorio el Batel que esta decisión sería además de un foco de conflictos, una ruina absoluta para las arcas municipales. Hoy conocemos que la adjudicataria Gestípolis-Sonora ha denunciado al Ayuntamiento por retenerle la subvención del primer semestre de 2.014, que con intereses asciende a 562.000 euros.
Repasando las intervenciones de nuestros compañeros Carmen Martínez y Juan Luis Martínez del pleno de 10 de Enero de 2.011 destacamos la argumentación de la réplica a la Sra. Montero
"Interviene el Sr. Martínez Madrid manifestando que le ha de preguntar directamente a la Concejala de Cultura, si puede garantizar al día de hoy que no le va a costar más de ocho millones de euros al menos a los ciudadanos de Cartagena en los próximos 5 años la gestión del auditorio. Quiere que diga claramente si les va a costar si o no. Otra pregunta sería ¿qué empresa privada va a concurrir a un concurso que le garantiza pérdidas de 8,5 millones de euros en 5 años? El dice que ninguna. Sólo aquéllas que tengan la seguridad absoluta de que el ayuntamiento les va a cubrir el agujero. El equipo de gobierno, que es el defensor a ultranza de la libertad de empresa, tanto la defienden en este caso que fija, aunque sea de manera estimativa, no solamente el número de trabajadores que tiene que contratar la empresa sino hasta lo que van a ganar, en un ejemplo de lo que es la libertad de empresa. Luego, le han de permitir que algunos piensen que esos trabajadores no los va a elegir la empresa que explota el auditorio, sino el ayuntamiento que es quien paga las pérdidas y, por tanto el equipo de gobierno. Todo eso, con la cobertura legal de una figura de privatización que solamente está sujeta al derecho privado. Negocio redondo para todos menos para los ciudadanos de Cartagena"
"Interviene la Sra. Martínez Martínez diciendo que el equipo de gobierno ha convertido el auditorio en una máquina de perder dinero. Lo ha hecho en su construcción y ahora pretende seguir haciéndolo en cuanto a su gestión. Piensa que hay que apostar por una gestión pública que, consciente de la situación económica, se ajuste el cinturón. ¿Creen de verdad que habrá alguna empresa que si no tuviera la seguridad de que le iban a subvencionar estaría dispuesta a perder 8 millones de euros? ¿Quién se va a querer quedar con una gestión deficitaria? Desde luego está deseando conocer el nombre de la empresa adjudicataria. Lo más honrado por su parte sería, a cuatro meses de las elecciones, y puesto que no va a entrar en funcionamiento por lo menos hasta junio, que suspendan la privatización del auditorio hasta que los ciudadanos se pronuncien en las urnas"
Ante esta situación desde SPCT exigimos al equipo de Gobierno que muestre a la opinión pública de Cartagena el conjunto de facturas abonadas a la empresa adjudicataria desde el inicio de la concesión, que permita analizar si el coste de explotación del auditorio por la fórmula de gestión privada está siendo gravosa para las arcas municipales al objeto de plantearse de manera inmediata la necesidad de recuperar la gestión pública del Auditorio y Centro de Congresos.
Si el Ayuntamiento no adopta medidas contundentes para defender los intereses de los cartageneros entenderemos que este conflicto es un episodio más de un intento desesperado por mantenerse en el poder a costa de lo que sea.
