Las anomalías que investiga el Tribunal de Cuentas en la gestión municipal del gobierno de Pilar Barreiro denotan un descontrol absoluto en las cuentas públicas.
La política de contratación basada en gran parte en adjudicaciones hechas a medida, ha generado en nuestro ayuntamiento un déficit en el principio de igualdad de concurrrencia, puesto que se priva a muchas empresas de poder optar a los contratos municpales.
Con ésta política no se optimizan los recursos, se generá déficit público porque pagamos más por los servicios que lo que realmente vale, en una política que por tanto despilfarra el dinero público y encima se presta al favoritismo puesto que muchos contratos son adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad, es decir a dedo, y tal y como se desprende en el informe del Tribunal de Cuentas los grandes contratos, adjudicados por concurso, están diseñados para determinadas empresas amigas, como es el caso de la empresa que gestiona el Batel o la del hasta hace uno días Presidente de la Junta de la Puebla.
La falta de rigor no sólo a la hora de adjudicar los servicios municipales, sino también a la hora de fiscalizar el correcto cumplimiento de los contratos, denota una desidia, a nuestro juicio calculada, para beneficiar a unos pocos en perjucio de la ciudadanía de Cartagena.
Si en el Equipo de Gobierno del PP quedará algún resquicio de responsabilidad, los responsables de las Areas de Contratación, Descentralización y Cultura deberían haber presentado su dimisión de manera inmediata.
Es tal la sensación de desgobierno y sobretodo de soberbia, que el Presidente de la Puebla se permite el lujo de decir claramente, que además de no entender la existencia de incompatibilidad por tener un contrato de 1.500.000 de euros, habiéndo sido presidente de la Junta Vecinal de la Puebla, nombrado a dedo, por la misma persona que preside el órgano que adjudica las concesiones municipales. Encima su empresa era la responsable del servicio de socorrismo de las playas del área territorial de la junta que el mismo presidía, vamos un ejemplo palpable de ética en el ejercicio del cargo público.
Desde SPCT nos parece muy extraño que no hubiera ninguna empresa que se presentará al concurso que dio lugar a la adjudicación a la empresa del Sr. Rosique, y los recelos que plantea el informe del Tribunal de Cuentas parece que indican el motivo, que no es otro, que los responsables de la adjudicación, aplicaron mucha flexibilidad con la empresa adjudicataria, en cuanto a requisitos de clasificación, solvencia y experiencia, mientras que fueron implacables los requisitos oficialmente exigidos para el resto de empresas, tan implacables que no se presentó nadie.
