Tampoco ha mostrado mayor preocupación por desperfectos en infraestructuras ni por sentencias judiciales a favor de los ciudadanos para devolución de cantidades indebidamente cobradas. Por el contrario, si se ha interesado por garantizarse el sillón al apoyar el pucherazo electoral que el Gobierno de Rajoy quiere llevar a cabo en las elecciones municipales
El PP ha vuelto a mostrar su desprecio absoluto por los problemas sanitarios de los cartageneros. La moción presentada por IU-Verdes pidiendo que el Ayuntamiento inste a la Consejería de Sanidad a la contratación urgente de médicos de Atención Primaria para sustituir a los facultativos que se encuentran de vacaciones ha sido rechazada por el equipo de Gobierno del PP, a través del concejal de Sanidad, Nicolás Ángel Bernal, que ha asegurado que el hecho de que las consultas se estén masificando, ya que los médicos que siguen trabajando tienen que asumir a los pacientes de los que están disfrutando de su período vacacional, y que no se pueda dedicar el tiempo suficiente a cada caso y se produzcan demoras en la atención, es "una situación puntual que se produce cada verano". Dejando al margen de que si se produce cada verano, no es un hecho puntual, la justificación a la situación que padecen los cartageneros en el período estival ante la falta de médicos, que Nicolás Ángel Bernal ha querido negar aludiendo a que tan sólo se producen retrasos de tres días en algunos casos, es una prueba de la política de recortes del PP en Sanidad y de sus intentos de desmantelar el sistema sanitario público para ponerlo en manos privadas.
No es mayor el respeto que muestra el PP ante la lamentable situación de espacios públicos e infraestructuras. La moción presentada por IU-Verdes solicitando el arreglo urgente del pavimento de madera del entorno del Auditorio El Batel y que se estudie si es el idóneo para permitir el paso de vehículos pesados -al existir bajo el mismo una zona hueca- ha sido rechazada por el equipo de Gobierno a través del concejal de Infraestructuras, Francisco Espejo. Éste ha reconocido que el pavimento no está preparado para soportar el peso de tal tipo de vehículos, aunque ha afirmado, sin aportar datos concretos, que los bomberos podrían trabajar, en caso de siniestro, desde fuera de la zona pavimentada. También ha reconocido el malísimo estado del pavimento, con múltiples roturas que ponen en peligro la seguridad de las personas que transitan por la zona y asegurado que se restaurará pero sin dar fechas concretas ni soluciones definitivas para la reparación de este suelo, deteriorado apenas dos años después de la inauguración de un Auditorio que ha costado más de 60 millones de euros pese a estar presupuestado inicialmente en unos 15.
En este mismo sentido, la concejala María José Roca ha sido la encargada por parte del PP de rechazar la moción presentada por IU-Verdes para el arreglo urgente de la plaza de la Estrella de Santa Lucía, que presenta un lamentable estado y también solares colindantes con medianeras peligrosas para la seguridad de los niños que juegan en la plaza y de todos los que pasan por la zona. La citada edil ha justificado el rechazo de la moción haciendo alusión a las tres o cuatro intervenciones e inversiones realizadas en Santa Lucía en los casi 20 años de Gobierno del PP, con lo que no ha hecho más que dejar claro el abandono de esta zona del municipio por parte del Gobierno de Pilar Barreiro. Eso sí, ha reconocido ímplicitamente el malísimo estado de la plaza al dar a conocer que se ha dado orden de que los servicios municipales lleven a cabo una inspección para conocer las actuaciones a realizar. Una vez más, el PP rechaza una iniciativa de la oposición para, quizás dentro de unos meses, llevar a cabo la misma actuación a la que niega su aprobación.
Y el bolsillo de los cartageneros si que merece la atención del equipo de Gobierno del PP, pero para ser expoliados. Buena muestra de ello es que el equipo de Gobierno municipal no negociará con los vecinos de Isla Plana y La Azohía la devolución de las cantidades que se les han cobrado indebidamente, como reconoce una reciente sentencia del Juzgado n° 4 de Primera Instancia de Cartagena en la que se condena a Hidrogea a la devolución parcial del importe de la acometida de alcantarillado. El PP anunció en 2010 a los vecinos, con una fiesta, que se iba a dar solución definitiva a la canalización de aguas residuales y pluviales a través de una inversión del Plan E. Sin embargo, posteriormente, se cobraron cantidades por encima de 600 euros a todos los vecinos por las acometidas. La sentencia citada ha decretado que, de momento, hay que devolver a cada afectado algo más de 100 euros a la espera de dictamen sobre el resto ante las denuncias que, colectivamente, van a presentar la mayoría de vecinos. Por ello, IU-Verdes había pedido que a través de revisión de oficio y negociación con los afectados se les devuelvan las cantidades referidas. El concejal Nicolás Ángel Bernal se ha opuesto a la petición con el único argumento de que gracias a Pilar Barreiro y el PP los vecinos de La Azohía e Isla Plana tienen alcantarillado, lo que es falso ya que si lo tienen es porque lo han pagado de su bolsillo, pese a las promesa del Partido Popular y a los fondos del Plan E que se destinaron a realizar la obra.
Pero ese interés por el bolsillo de los cartageneros no es el mismo que tienen por los más desfavorecidos. De ese modo, se han negado a dedicar parte de los 13 millones de superávit del presupuesto municipal de 2013, tal y como había pedido Izquierda Unida-Verdes, a crear un parque de vivienda pública para que nadie quede privado de su derecho a una vivienda digna, tal y como establece la Consitución, y dar soluciones a casos como los vividos recientemente con las familias desalojadas de las casas que habían ocupado en el Barrio Universitario. La concejala de Hacienda ha expresado su negativa asegurando que la legislación vigente tan sólo permite dedicar tal superávit a pagar la deuda bancaria (mejorando los resultados de las entidades financieras) y reducir el déficit, dejando de lado las necesidades de los más desfavorecidos.
De lo que sí se ocupa el gobierno municipal del PP es de intentar garantizarse el sillón en futuros comicios, en contra de lo que expresen los ciudadanos en las urnas. Así, el equipo de Gobierno del PP, a través del vicealcalde, José Cabezos, ha dejado claro su apoyo al intento de pucherazo electoral que supone la intención del Gobierno de Rajoy de modificar la ley electoral al objeto de adaptarla a su beneficio para condicionar la elección de alcalde en todos los municipios de España al de la lista más votada, pese a que ésta no disponga de la mayoría absoluta. Tal circunstancia viene antecedida por la realidad electoral de los últimos comicios europeos, de la que se extrapola la pérdida del poder del PP en la mayoría de los municipios que en la actualidad gobierna. Esta intención choca frontalmente con el ordenamiento constitucional vigente que basa el sistema político en el pluralismo y la proporcionalidad. Ante tal intención, y frente a la moción presentada por IU-Verdes de que se inste al Gobierno de la Nación a no llevar a cabo tan inconstituicional reforma y se pida la opinión de la Federación de Municipios y Provincias, José Cabezos ha segurado que es una medida para la "mejora de la calidad democrática" y ha justificado que un partido que no tiene mayoría absoluta pueda imponer su voluntad, como pretende la nueva ley, a la de los representantes de un número mayor de ciudadanos que opten por los partidos de la oposición, calificando el pretendido pucherazo como una factor para "garantizar la gobernabilidad". Se supone que garantizar la gobernabilidad del PP, no la que demanden en las urnas los ciudadanos.
En otros aspectos, el PP muestra una gran falta de ideas que lleva a tener que intentar convertir en iniciativas suyas las que presentan los partidos de la oposición. Así, el equipo de Gobierno municipal se ha apropiado de la petición de IU-Verdes de la firma de un convenio con la Inspección de Trabajo para, dentro de la legalidad vigente en materia de protección de datos, facilitarle información para luchar contra la economía sumergida y el fraude fiscal, esa lacra tan común en nuestro país que afecta a los ingresos públicos y por tanto al equilibrio en las cuentas públicas y a la prestación de servicios por las administraciones, que favorece la competencia desleal y el impulso de dinámicas desvalorizadoras del factor trabajo y de las condiciones sociales y que supone claro perjuicio a los derechos de los que llevan a cabo tales labores de economía sumergida y que afectan a los inherentes al desempleo y las pensiones. La apropiación, anunciada por la concejala de Hacienda, Fátima Suances, se basa en el hecho de que pese a rechazar la moción ha anunciado la firma del convenio con la Dirección General de Trabajo de la Comunidad Autónoma olvidando el solicitado con la Dirección Territorial e Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social que es la que tiene las competencias en dicha materia.
Situación que se ha repetido de nuevo cuando la citada concejala de Hacienda ha asegurado, para responder a una moción de IU-Verdes pidiendo que se negocie con los bomberos su pase de la clasificación C-2 a la C-1 más acorde a las funciones que llevan a cabo y que tales profesionales vienen demandando desde hace tiempo sin éxito, que tal negociación se está llevando a cabo y que ha sido notificada tanto a los bomberos como a los representantes sindicales. Esta afirmación entra en contradicción con lo expresado en varias ocasiones por tales representantes al Grupo Municipal de IU-Verdes en el sentido de que desde el consistorio no se llevaba a cabo ningún tipo de negociación. Desde la formación de izquierdas, caso de ser realidad tal negociación, se considera que, aunque con considerable retraso, lo único que se lleva a efecto es reconocer unos derechos que los profesionales del SEIS se han ganado con su labor y las funciones que efectúan.