SPCT exige a Pilar Barreiro que justifique la decisión de nombrar Directores Generales que no son funcionarios

La Ley 57/2003 de Grandes Ciudades dispone la necesidad de ser funcionario para ser Director General de un municipio

Que son perfectamente prescindibles los Directores Generales en el Ayuntamiento de Cartagena ha quedado demostrado con la marcha del Director General de Seguridad, que su salario podría ahorrarse a las arcas municipales es evidente, puesto que a partir del próximo viernes, el erario público se ahorrará 66.000 euros más el importe de la Seguridad Social del puesto cuyas funciones desempeñará el propio Concejal de Seguridad.

Si a esta circunstancia unimos la grave crisis económica que sufre nuestro consistorio, que está generando despido de trabajadores eventuales, retraso en el pago a proveedores, paralización de obra pública y subida de impuestos, tasas y precios públicos, la justificación del mantenimiento de estos puestos de libre designación por parte del equipo que dirige Pilar Barreiro, se cae por su propio peso.

Pero es que además la Ley 57/2003 de Grandes Ciudades establece la necesidad de que estos puestos en el caso de ser necesarios, que en Cartagena por su volumen de población y por la coyuntura actual no lo son, deben ser ocupados por funcionarios de carrera de cualquiera de los niveles de la administración pública, tal y como establece el artículo 130.1.3.

". El nombramiento de los coordinadores generales, y de los directores generales deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales o funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente, salvo que el Pleno, al determinar los niveles esenciales de la organización municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123.1 c, permita que, en atención a las características específicas del puesto directivo, su titular no reúna dicha condición de funcionario. En este caso los nombramientos habrán de efectuarse motivadamente y de acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada"

Sin embargo el Director General del Litoral, y la Directora General de Personal, no tienen la condición de funcionario público, y hasta la fecha la Alcaldesa de Cartagena no ha motivado suficientemente los criterios de competencia profesional y experiencia para el desempeño de estos puestos por parte del pleno, puesto que en sesión celebrada el día 17 de Junio de 2.011 se limitó a establecer las retribuciones de los mismos sin entrar a motivar la competencia profesional de los elegidos, que no son funcionarios.

Extracto del pleno de 17-06-2011 (PUNTO 5° DEL ORDEN DEL DÍA)

6. Para los órganos directivos se fijan las siguientes retribuciones anuales:

Coordinador de Descentralización, Agricultura, Medio Ambiente y

Nuevas Tecnologías ................................................................... 66.075,50 €

Coordinador General de Personal ............................................... 48.511,44 €

Coordinador General de Infraestructuras y del Litoral ................ 48.511,44 €

Coordinador General de Arqueología .......................................... 33.869,88 €

Director General de Seguridad ................................................... 66.075,50 €

Las retribuciones y asignaciones a los miembros de la Corporación, y salvo acuerdo Plenario expreso en otro sentido, tendrán las modificaciones porcentuales que para cada ejercicio determina la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal del sector público.

Por último desde SPCT reiteramos nuestra petición de supresión de estos puestos en su totalidad, pero muy especialmente los ocupados por personal no funcionario que desoye lo establecido por la Ley de Grandes Ciudades, y exigimos que se corrija la decisión caprichosa de la Sra. Alcaldesa, que ha costado a la ciudadanía de Cartagena a lo largo de estos 5 años, casi 1,5 millones de euros en sueldos sin ningún tipo de justificación. No parece muy coherente, ni presentable exigir ajustes a los ciudadanos, mientras la máxima autoridad municipal sigue malgastando el dinero de los cartageneros.

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