El servicio de Respiro Familiar consiste en proporcionar un espacio de descanso temporal a los cuidadores principales de personas en situación de dependencia, en la atención de éstas y en circunstancias puntuales que favorezcan su participación social. En la actualidad, el servicio lo gestiona una empresa, adjudicataria del contrato por un plazo de dos años, desde abril de 2016 a junio de 2018, prorrogable por dos años más, y por un precio total de 132.000€.
Tras la entrevista mantenida con representantes de CC.OO. y de las propias trabajadoras, CTSSP comprobó que la empresa que gestiona el servicio no cumple con las condiciones reflejadas en el contrato adjudicado por parte del Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Concejalía de Servicios Sociales. Entre las irregularidades destacan, en primer lugar, que la empresa no cumple el convenio laboral de limpieza, pues la hora la paga a 5,50€, cuando el convenio estipula que se pague a 7,40. Pero lo más grave aún, si cabe, es que en el contrato firmado con el Ayuntamiento la hora estaba valorada en 13,80€.
Otro de los incumplimientos son las continuas modificaciones contractuales que sufren las trabajadoras y, por tanto, el cambio de sus condiciones laborales y salariales, en donde no se reconocen todas las horas reales realizadas por las trabajadoras en el servicio. Además, desde el mes de enero la empresa no ha cubierto la plaza de Trabajadora Social a la que le obliga el contrato.
Por otro lado, sigue denunciando PODEMOS, a estas trabajadoras no se les reconoce la conciliación familiar, y no tienen derecho ni a un día de asuntos propios... ni siquiera al tiempo indispensable para poder acudir a una cita médica. CTSSP denuncia que esta situación es inhumana e intolerable, pues supone una precarización laboral de las trabajadoras que desempeñan sus funciones en un servicio público pagado por el Ayuntamiento, una injusticia pagada con dinero de toda la ciudadanía. A la vista de los hechos, representantes de la formación morada se han puesto en contacto con el Director del Contrato para poner de manifiesto la situación, acordando finalmente con éste la puesta en marcha de una investigación para comprobar los incumplimientos denunciados y estudiar las actuaciones a emprender, que podrían llegar hasta la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria.
Pilar Marcos también le ha trasladado al Director del contrato la necesidad de modificar en los pliegos de condiciones de la próxima adjudicación, el convenio al que tienen que estar sujetas estas trabajadoras, que no debe ser el de limpieza, pues su mayor carga de trabajo es realizar una labor social de acompañamiento a las personas dependientes que atienden.
