Ecologistas en Acción reclama el traslado de la línea de alta tensión en Santa Ana, Cartagena

Ecologistas en Acción considera que el traslado de la LAT evitaría riesgos innecesarios al estar en zona urbana.

Exigen al Ayuntamiento que el Plan de Ordenación Urbana de Cartagena contemple reservas de suelo específicas para estas líneas eléctricas alejadas de zonas residenciales

Ecologistas en Acción se han dirigido a la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Consejería de Empresa e Industria y al Ayuntamiento de Cartagena, reclamando el traslado fuera del entorno residencial de una Línea de Alta Tensión (LAT) de 132.000 voltios (132 kilovoltios) que atraviesa la urbanización del Polígono Residencial de Santa Ana y cuyo trazado discurre por la calle principal de la urbanización, Avenida Venecia, y la Plaza Baden-Powell, cercana a una zona especialmente sensible como es el colegio Miralmonte.

El trazado de la línea se encuentra en las inmediaciones de un centenar viviendas y veinte comercios que se distribuyen a 25 metros del cableado en ambos lados de la avenida. Esta situación supone la exposición ciudadana y residencial a campos electromagnéticos de baja frecuencia producido por la línea y un riesgo de incidente eléctrico en zona urbana. A ello se añade el impacto visual de una línea de alta tensión en las cercanías de una zona residencial.  Ecologistas en Acción señala que esta línea eléctrica es un ejemplo de la proliferación desordenada y sin planificación de las líneas e infraestructuras eléctricas en zonas residenciales como fueron los casos de las LAT en la pedanía de EL Palmar y la urbanización de Los Rectores que tuvieron que reubicarse en 2015.

Esta proliferación descontrolada en zonas urbanas de líneas de alta tensión supone un aumento de la contaminación electromagnética a los ciudadanos/as del entorno especialmente a personas sensibles en crecimiento.

Los valores límite de exposición a campos electromagnéticos planteados en el Real Decreto 1006/2001 (valor límite 100 µT, microteslas), han quedado obsoletos y no garantizan unos criterios de seguridad y el desarrollo de los principios de precaución y ALARA/ ALATA (la mínima emisión técnicamente posible).

El Informe BioInitiative elaborado por 29 investigadores de diez países [Suecia (6), EEUU (10), , el Presidente del Comité Nacional Ruso para la Radiación No Ionizante y un Asesor Principal de la Agencia Europea de Medio Ambiente.),  señala que el valor máximo de exposición a campos electromagnéticos  de baja frecuencia en el interior de los edificios debe ser de 0’1 microteslas

La IARC (Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer) ha incluido, desde el año 2000 los Campos Electromagnéticos de Baja Frecuencia (ELF) como posible cancerígeno, (categoría 2B), en sus listados.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su Resolución 1815, sobre los peligros de los campos electromagnéticos[1], señala que:

Hay que adoptar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos.

Reconsiderar la base científica de las actuales normas de exposición a los campos electromagnéticos y aplicar el principio ALARA “tan bajo como sea razonablemente posible”

Establecer normas urbanísticas que requieran una distancia de seguridad entre las líneas de alta tensión y demás instalaciones eléctricas y las viviendas;

Desde el 2001, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha planteado la necesidad de reformar también dicho artículo en el sentido de “redefinir unas distancias mínimas de seguridad desde las líneas de alta tensión a edificios, viviendas o instalaciones de uso público y privado” y de “actualizar la fórmula de referencia para la distancia de seguridad a líneas de alta tensión”.

En este sentido algunos ayuntamientos como el de Jumilla (Murcia), establecieron un criterio mayor de seguridad de 1 metro a edificios por cada kilovoltio (1.000 voltios) , como desde diversas instancias investigadoras se habían señalado

Ecologistas en Acción siempre ha propuesto la planificación y el establecimiento de una reserva de suelo para corredores energéticos donde se instalen las líneas de transporte y distribución eléctricas en el marco de la normativa del suelo regional que no se ha hecho y que permite el crecimiento significativo de este tipo de infraestructuras eléctricas con los consiguientes impactos territoriales, ambientales y sociales

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