Cs Cartagena asegura que la demanda real de vivienda social es cuatro veces mayor que la aparece en el registro municipal

- "Cartagena sólo puede satisfacer la necesidad del 11 por ciento de los inscritos; debemos intensificar la colaboración con el Ministerio, la Consejería y las entidades bancarias", ha señalado hoy el portavoz de la formación naranja, Manuel Padín

- Cs pedirá un informe jurídico y económico sobre la posibilidad de gravar el IBI a los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente, "no podemos apoyar o debatir esta medida sin que antes podamos consultar estos informes, este debate se ha producido ya en muchos territorios españoles, y debemos iniciarlo aquí", señala Padín.

Cartagena, miércoles 20 de febrero-. "El trabajo que se está realizando, el camino emprendido para tomarse en serio el parque de vivienda social en Cartagena es el correcto, pero el PP de Cartagena dejó el listón tan bajo que no podemos aceptar el triunfalismo ni el conformismo socialista", ha explicado hoy el portavoz de Cs Cartagena, Manuel Padín que recuerda que para 105 demandantes sólo hay disponibles 12 viviendas sociales (ocho de patrimonio municipal y cuatro cedidas recientemente por la entidad Bankia) de manera que sólo podemos satisfacer el 11 por ciento de la demanda actual, "que sólo puede aumentar con los años cuando se popularice el registro que el Ayuntamiento ha puesto en marcha por primera vez", ha matizado Padín.

"105 demandantes es sencillamente algo irreal, sólo en Murcia hay más de 1.000 familias en espera, en Alicante hay 4.000, por lo que estimamos que la cifra real cartagenera debe rondar los 400; por eso creemos que queda mucho por hacer para publicitar el registro para acceder a una vivienda social", sostiene Manuel Padín. "Estos números nos dan una idea del problema real que tenemos entre manos, y no se le escapa a nadie que el parque de viviendas sociales que está a cargo del Ayuntamiento y de la Comunidad en Cartagena es muy escaso", sostiene Manuel Padín que asegura que es imprescindible "intensificar las conversaciones con la Consejería de Fomento y con el Ministerio para que incrementen sus aportaciones a la construcción y habilitación de viviendas sociales en el municipio; una política que ha estado desatendida desde hace años", ha indicado el portavoz naranja.

En este sentido, Manuel Padín destaca que en el informe presentado sobre la gestión 2018 del Servicio de Asistencia de Vivienda e Intermediación del Ayuntamiento, "se advierte claramente que siguen pendientes de establecer un protocolo de colaboración con la Consejería de Fomento, cuestión que ya hemos trasladado a nuestros compañeros en la Asamblea para que pidan explicaciones al consejero Patricio Valverde".

Más propuestas de Cs

Además, Ciudadanos solicitará en el Pleno que el Gobierno de Cartagena encargue un informe jurídico y económico para aclarar las opciones de aplicar en Cartagena la posibilidad que ofrece la Ley de Haciendas Locales de aplicar un recargo en el IBI de hasta el 50 por ciento de la cuota del impuesto a los propietarios de los "inmuebles desocupados con carácter permanente", e incluso la opción de aumentar el recargo en algunos supuestos".

Ciudadanos recuerda que Cartagena ya da la posibilidad en sus ordenanzas de bonificar hasta un 95 por cien, el IBI a los propietarios que quieran alquilar sus pisos vacíos para uso social, "pero también tenemos que analizar si podemos actuar en esta dirección; somos plenamente conscientes del debate que esta medida ha generado en muchas comunidades de nuestro país, y creo que debemos también iniciar este diálogo en Cartagena; desde Ciudadanos no podremos apoyar esta medida sin que antes podamos consultar esos informes".

Cs considera que incentivar a los propietarios de viviendas para que las cedan a usos sociales contribuiría también a desinflar la burbuja que existe en el alquiler de pisos turísticos, "una creciente preocupación que ya está generando una subida generalizada del alquiler", ha explicado la portavoz de Cs. Por último, Padín cree que existe mucho margen para optimizar la coordinación de los planes municipales para el alquiler social con proyectos similares de la Comunidad y el Estado.

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