Cs asegura que la irresponsable política urbanística del PP puede costar a los cartageneros más de 11 millones de euros

- "Los contribuyentes pueden agradecer al PP, ese partido que recibió la oferta de MC para Gobernar Cartagena en 2019 durante el Debate sobre el Estado del Municipio, el quiebre de nuestras arcas públicas; por no hablar de lo que hemos dejado de ingresar por el fiasco del PGOU", ha señalado hoy el portavoz local de Ciudadanos

- La formación naranja recrimina al Gobierno del PSOE su silencio, le pide que busque responsabilidades y exige la convocatoria urgente de la Comisión de Urbanismo para analizar el plan del Ayuntamiento frente a estas condenas

"La política urbanística del PP en Cartagena durante sus años de gobierno ha sido una desgracia y un descalabro que ha impedido el crecimiento de Cartagena durante las últimas décadas y va a suponer una verdadera sangría para las arcas públicas", ha denunciado hoy el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín tras conocer a través del diario La Verdad la última condena al Ayuntamiento, esta vez por incumplir el convenio urbanístico firmado en 2005 para desarrollar el Plan Parcial El Vivero, "esta condena supone 5,2 millones de euros, una cantidad que debemos sumar a la que vamos a pagar por la enajenación de suelo en La Azohía que puede llegar a los 4,5 millones de euros por los intereses, y los 1,5 millones de euros por las expropiaciones irregulares de Casco Antiguo".

Según el portavoz de Cs, "todos y cada uno de los contribuyentes cartageneros pueden agradecer al Partido Popular, ese partido que recibió la oferta de MC para Gobernar Cartagena en 2019 durante el Debate sobre el Estado del Municipio, el desembolso de más de once millones de euros que se detraerán de servicios básicos por la ruinosa gestión urbanística del PP, que no sólo no pide disculpas a la ciudadanía, o depura responsabilidades internas como haría cualquier partido sano, sino que se permite con mucha soberbia dar lecciones magistrales en los plenos sobre su gestión económica y coloca a los responsables en puestos públicos de alta responsabilidad; eso nos da una idea aproximada del nivel de regeneración que tiene el actual PP".

El portavoz de Cs no olvida tampoco "la complicidad de MC y el PSOE que han tenido la oportunidad de solventar el problema pero que han preferido subirse al tren de la desidia de los anteriores gobiernos".

Aun así, Manuel Padín sostiene que la herencia más perniciosa que nos ha dejado el PP ha sido dejar a Cartagena sin Plan General de Ordenación Urbana, "es difícil cuantificar el dinero que se ha dejado de invertir en el municipio, el que se ha dejado de ingresar vía impuestos y el riesgo de indemnizaciones que todavía nos acecha por esa chapuza popular, pero es una cifra millonaria".

Consecuencias políticas y silencio municipal

Ciudadanos va a pedir que se convoque de forma extraordinaria la Comisión Informativa de Urbanismo e Infraestructuras o cualquier otro foro que considere pertinente el Ejecutivo municipal para analizar entre todos las consecuencias que pueden acarrear las condenas por los casos Vivero de La Manga y La Azohía, y el plan del Gobierno local para hacer frente al pago, "no es la primera vez que pedimos algo así, no entiendo que el PSOE siga empeñado en ocultar estos hechos a los cartageneros y a los grupos políticos que los representan y que nos tengamos que enterar una y otra vez a través de la prensa". Manuel Padín advierte que si el Ejecutivo se niega buscará el apoyo de otras formaciones políticas para sumar el tercio de los miembros necesario para que la alcaldesa, que es la presidenta de la Comisión, tenga que hacerlo obligatoriamente.

"Estas condenas sí merecen un Pleno extraordinario monográfico pero creo que ni MC ni el PP están por la labor, prefieren convocar Plenos extraordinarios para debatir sobre el sexo de los ángeles y desplegar su espectáculo preelectoral", recrimina el portavoz naranja. Para Manuel Padín, "esta reunión se debe producir en los próximos días y debe servir también para evaluar entre todos los grupos políticos si estas resoluciones judiciales deben suponer la dimisión de los cargos municipales implicados en su tramitación".

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