Francisco Martínez, concejal de Cartagena Sí Se Puede (CTSSP), manifiesta su deseo de que el Ministerio de Justicia, tal y como se ha comprometido, publique a la mayor brevedad el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica.
CTSSP recuerda que se trata de una Proposición no de Ley que salió adelante en el Congreso, pese a que no contó con el apoyo del PP y de Ciudadanos. Una vez publicado el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, la formación morada volverá a presentar una moción en el Ayuntamiento de Cartagena para que éste le reclame judicialmente a la Iglesia, una vez que de manera concreta se conozca la totalidad de bienes públicos que afectan al ámbito del término municipal, y tras el estudio individualizado de cada caso, las propiedades que a tal efecto se consideren, acogiéndose, entre otras, a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideran que los actos de inmatriculación de la Iglesia Católica vulneran la convención europea de los derechos humanos.
El edil de Podemos recuerda que en este sentido presentó una moción en el Pleno municipal del 30 marzo de 2017, que no salió adelante por el rechazo de MC, C’s y el PP. “En dicha moción expusimos cómo el Obispado inscribió a su nombre el cementerio de La Palma, el 18 de diciembre de 2014, cambiando la Iglesia a los titulares los títulos de propiedad personales por simples títulos de derecho de enterramiento, en muchos casos con fecha anterior al otorgamiento de escritura a favor del Obispado, pasando los titulares de propietarios a estar obligados a solicitar por escrito al Párroco el derecho personal a usar las unidades de enterramiento. Esta concesión además iba condicionada a que el difunto hubiera sido fiel a la iglesia, y limitada solamente al peticionario, su cónyuge e hijos.” Martínez afirma además que “no se puede tolerar este atropello al derecho de la propiedad que conlleva sólo el derecho a enterramiento por un tiempo determinado, la limitación de enterramiento y la discriminación por motivos religiosos”.
Francisco Martínez, por último, apunta que “esta iniciativa pretende defender el interés general de todas las personas, que es a lo que hemos venido a la política, y no de mirar a otra parte, cuando somos conscientes de los atropellos que sufre la ciudadanía independientemente de quien los cometa".
