El comité de Empresa de Zinsa reclama el pago de los atrasos antes de aceptar el nuevo ERE

Cartagena, 27 abr (EFE).- El comité de empresa de Zinsa en Cartagena se niega a aceptar un nuevo expediente de regulación de empleo y a asistir a las reuniones de trabajo del proyecto de traslado a Los Camachos hasta que la compañía les abone los salarios que les debe.

El presidente del comité de empresa de Zinsa Juan Paredes dijo hoy a EFE que mañana se celebrará una asamblea de trabajadores en la que se informará de las últimas gestiones realizadas, como la reunión propiciada por CCOO con responsables del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y se tomará una decisión sobre la propuesta de ampliación del expediente de regulación de empleo que propone la empresa.

Zinsa adeuda entre 3.000 y 5.000 euros a cada trabajador por los salarios y pagas extraordinarias de los últimos meses de 2008, poco antes de que la empresa presentase un expediente de regulación de empleo por cuatro meses que los trabajadores aceptaron con la condición de que en ese tiempo se desbloquease el proyecto y la financiación necesaria para el traslado.

Paredes indicó que aún no se ha abierto el periodo de consultas porque la empresa sólo se ha dirigido por teléfono a la representación sindical con la intención de proponer, probablemente esta misma semana, esa posibilidad de ampliar el expediente por un periodo de dos meses.

La compañía abrió en marzo un plazo de compra preferente de acciones que se cerró sin éxito y el 12 de mayo próximo la Junta General de Accionistas propondrá una segunda convocatoria de venta de títulos con el objetivo de conseguir nuevos inversores.

Según Paredes, la empresa podría presentar el expediente aunque no haya acuerdo con los representantes de los trabajadores y dijo que, en ese caso, la decisión estaría en manos de los responsables de la dirección general de Trabajo.

CCOO ha realizado gestiones con el Instituto de Crédito Oficial para que avale la operación a lo que se suma el compromiso de la Comunidad Autónoma de Murcia de comprar el cinco por ciento de acciones.

Tanto el ICO como la Comunidad Autónoma supeditan su participación en el proyecto a la entrada de capital privado y a la presentación de un proyecto industrial con garantías. EFE

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